El 8 de agosto de este año, un día después de su posesión, el nuevo Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto de “Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social”, con el que busca modificar el régimen de impuestos para generar un mayor recaudo por parte de las personas naturales y jurídicas, y con ello poder financiar sus gastos.

Esta iniciativa será discutida en el Congreso de la República y debe surtir su trámite legislativo antes de ser aprobada.
De acuerdo con la Cámara de Emprendimiento y Aceleración ANDI del Futuro, en la redacción del proyecto que fue presentado por el Gobierno se incluye un nuevo impuesto al patrimonio, que gravará los activos poseídos en Colombia por los individuos residentes y no residentes, así como los activos poseídos en cualquier parte del mundo por los colombianos.
Según la entidad, esta propuesta tiene un efecto directo negativo para los emprendedores e inversionistas, ya que ahora no solo tendrían que soportar el pago de impuestos en Colombia por sus ingresos, sino también por su patrimonio.
“Bajo el esquema propuesto, los emprendedores e inversionistas que sean personas naturales deberán declarar su participación en las sociedades por el valor intrínseco de las acciones y no el de adquisición, lo que implica para muchos un aumento considerable en la base gravable para este nuevo impuesto al patrimonio”, es el concepto de la Cámara de Emprendimiento y Aceleración ANDI del Futuro.
Un caso hipotético
La explicación es la siguiente: si los socios fundadores de un emprendimiento consiguen una financiación para su empresa por venture capital, esta, al hacer parte de su patrimonio, haría que la valoración por valor intrínseco de la acción aumente de forma considerable su base gravable, puesto que habría que dividir el patrimonio líquido de la sociedad por el número de acciones en circulación.
La Cámara de Emprendimiento y Aceleración ANDI del Futuro expone un caso hipotético: el de Sofía, una científica que trabaja en investigaciones locales para encontrar tratamientos contra el cáncer. Ella tiene una idea de negocio y, para avanzar en su meta, constituye una empresa para hacer investigación y desarrollo en el sector de HealthTech.
La empresa atrae inversión de tres de los fondos más importantes de Estados Unidos y recibe USD 100 millones por el 20 % de sus acciones (equity). Para el 1 de enero de 2023, Sofía, quien sigue siendo dueña del otro 80 %, pero ahora cuenta esos USD 100 millones para investigación y desarrollo, se da cuenta de que su patrimonio por valor intrínseco es de USD 80 millones, pese a que este dinero es para investigación y desarrollo de sus soluciones.
Según el proyecto de reforma tributaria, ella debería pagar USD 800.000 en impuestos, casi COP 4.000 millones.
Debido a esto, es muy probable que Sofía desista de la propuesta presentada por los inversionistas internacionales, dado que tendría que pagar un impuesto al patrimonio como persona natural sobre el capital que recibe para desarrollar su empresa, impidiendo su crecimiento y el desarrollo de soluciones de alto impacto. Otra de las opciones sería emigrar a otro país que proponga unas tasas impositivas ajustadas a sus labores.
Algunos de los riesgos que se consideran con este impuesto es que, en primer lugar, limitaría la aparición de nuevos emprendimientos innovadores en Colombia, dadas las barreras para avanzar en construcción de empresas basadas en investigación, desarrollo e innovación, y en segundo término restringiría el arribo de venture capital, que, según reportes de iNNpulsa y Comscore, ha atraído al país más de USD 5.000 mil millones en los últimos años.
Otros efectos negativos
El proyecto de reforma tributaria, de acuerdo con el contenido presentado al Congreso, también contempla el aumento de la tributación en dividendos, cuando estos se distribuyen entre socios o personas naturales. Este impuesto puede llegar a ser hasta del 39 %, empezando en el 19 % en algunos casos.
Desde el sector de emprendimiento e inversión se vislumbra un perjuicio, ya que esto implicaría una tributación efectiva del 60,35 %. Además, estos dividendos ya han sido gravados en la sociedad a una tarifa del 35 % en el impuesto sobre la renta de la sociedad o como retención a su distribución.
Desde LinkU Ventures consideramos que, al contrario de estas propuestas, en Colombia se necesitan más incentivos para crear y desarrollar empresas sólidas y exitosas, que favorezcan el ecosistema de los emprendimientos y faciliten la inversión de venture capital que ayude a abrir mercados, contratar talentos, crear tecnologías disruptivas y, en síntesis, mejorar la competitividad y productividad del país.


